•Asesoría Fiscal Integral, consistente en el estudio de las repercusiones fiscales de los hechos, con la finalidad de racionalizar las cargas impositivas, dentro del marco de la legislación fiscal aplicable.

•Definición de la política fiscal y planificación de las operaciones.

•Resolución de las consultas que nos sean efectuadas, verbalmente o por escrito, sobre temas fiscales.

•Información sobre normativa, resoluciones y sentencias de interés para nuestros clientes.

•Preparación, revisión y tramitación de escritos y consultas dirigidas a la Administración Tributaria.

•Asistencia, representación y defensa ante los órganos de la Inspección de Tributos.

•Asistencia en la preparación y presentación de declaraciones de impuestos:

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Impuesto sobre Sociedades.
- Pago fraccionado: estimación directa, estimación objetiva (módulos)
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
- Impuestos especiales Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales - Impuesto sobre Sucesiones
- Retención y pago a cuenta de impuestos

•Trámite expedientes de aplazamiento de impuestos

•Recursos y reclamaciones •Auditorías físcales de empresas

El cobro de la renta, las obras de reparación y mejora y, en general, todo lo que supone la gestión de una finca requiere demasiada dedicación para los propietarios de una vivienda. Además, dos de los grupos más numerosos en las comunidades de vecinos, las parejas jóvenes y las personas mayores, carecen de experiencia en estas cuestiones o se encuentran a menudo limitados para estas labores, por lo cada vez más se recurre a un profesional, un administrador de fincas, para que se haga cargo de dichas tareas, aunque la ley vigente no obliga a ello. En comunidades grandes los vecinos optan por contratar a empresas especializadas del sector, mientras que las más pequeñas escogen a profesionales que trabajan por cuenta propia. Estas son las obligaciones del administrador de una finca o comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 -modificada por la Ley 8/1999- establece en su artículo 13 que las funciones del secretario y del administrador "serán ejercidas por el presidente de la comunidad, salvo que los estatutos o la junta de propietarios, por acuerdo mayoritario, dispongan la previsión de dichos cargos separadamente de la presidencia". Por lo tanto, la ley no obliga a contratar a nadie y hacerlo responde a una decisión de los vecinos de la comunidad.

El mismo artículo agrega más adelante que el cargo de administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas. La cualificación y el reconocimiento legal que menciona la ley como requisito para poder desempeñar la función de administrador de fincas se obtiene de dos maneras:

•Estando en posesión de alguno de los siguientes títulos: licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, Veterinaria o Ingeniería Técnica Agrícola, Forestal o Agrónoma.
•Cursando el plan de estudios de la Escuela Oficial de Administradores de Fincas, promovido por el Ministerio de Fomento e instrumentado por una docena de universidades españolas. La formación, de tres años, incluye contenidos de varias ramas del Derecho (inmobiliario, privado, administrativo, tributario), economía y contabilidad, sociología y planificación urbana, construcción y normas tecnológicas de edificación, gestión medioambiental, técnicas de reuniones y dirección de grupos, entre otros. Este corpus de conocimientos habla por sí solo de los desafíos a que se enfrenta un administrador en la actualidad. Según información suministrada por la Universidad de Alcalá de Henares, una parte significativa de los inscritos en la carrera son profesionales inmobiliarios en ejercicio.
•Otro requerimiento legal para ejercer es estar colegiado.

Lejos quedó la época en que el trabajo del administrador se limitaba a pagar la cuenta de luz, cambiar las bombillas y contratar a alguien para que limpiase la entrada y los pasillos. Por definición, el administrador de fincas se ocupa, en la actualidad, de gestionar el patrimonio común de la comunidad y atender a su conservación y rentabilización. Ese patrimonio puede incluir infraestructura -ascensores, garajes, jardines, trasteros...- y servicios varios -portería, conserjería, seguridad, limpieza, televisión y cable, calefacción y aire acondicionado centralizados...-, cuya administración requiere conocimientos legales, técnicos, contables, financieros, arquitectónicos, urbanísticos y, lo que no es menos importante, tiempo para ocuparse de ellos. Esta multiplicidad de tareas es evidente en fincas grandes y con muchos servicios. Pero son numerosos también los edificios con menos de diez propietarios y servicios básicos (electricidad, limpieza...), cuya administración podría ser gestionada sin mucha dificultad por parte del presidente o el secretario, lo que ahorraría a los vecinos el costo que supone contratar a un profesional.

La del administrador de fincas es una profesión libre, por lo tanto sujeta a la ley de oferta y demanda: no cuesta lo mismo en ciudades como Madrid o Barcelona que en centros urbanos más pequeños. En una misma ciudad también varía según la zona en que se encuentre la finca. Los honorarios se calculan en función del número de horas mensuales de dedicación, lo que depende directamente de la cantidad de componentes (viviendas, locales, garajes) y servicios. El Colegio de Administradores de Madrid, por ejemplo, establece una tarifa orientativa de 38 euros la hora, y ofrece un sistema para calcular las horas de trabajo según los criterios antes mencionados. Por ejemplo, un edificio con 25 propiedades, portería, ascensor y garaje mediano supone unos honorarios de administración de 476 euros por mes, unos 19 euros por propietario (la junta de la comunidad puede acordar una cuota acorde con el uso de los servicios, como que los que vivan en la planta baja o no tengan coche paguen menos). De todos modos, cada administrador decide cuánto cobrar; hay ejemplos de profesionales que cobran 6 euros por propietario, o incluso menos. Pero conviene tener en cuenta que si la cifra está fijada en 2 euros por vivienda hay que sospechar de la calidad del administrador contratado.

Según la Ley de Propiedad Horizontal, las funciones del administrador (junto con las de presidente y secretario) se renuevan en cada junta anual de propietarios. La junta también puede convocarse en forma extraordinaria para revocar al administrador en cualquier momento si hay una "causa justa". Por su parte, el administrador, si considera que ésta no existe, puede entablar una demanda por daños y perjuicios (porque hay un contrato de por medio) y pedir una indemnización.